Protección para los whistleblowers,
tribunales para los gatekeepers

La Campaña ProPro: Protection for whistleblowers, Prosecution for gatekeepers

Paolo GuizzardiFoto de Paolo

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Retrato de un militar de uniforme, ensimismado

[Foto de Lance Reis en Unsplash]


Hace unos días, en otro artículo, intenté hacer balance, en frío, de la iniciativa de Trump para la publicación de documentos sobre OVNIs y UAP. Hoy quisiera dar un paso atrás y mirar el cuadro general: ¿qué es lo que realmente hace avanzar el proceso de Disclosure? En mi opinión, las fuerzas que lo impulsan son esencialmente dos. La primera es la voluntad política. La segunda son los whistleblowers, los denunciantes. Y si de la primera se habla mucho, de la segunda se habla demasiado poco, o en todo caso no con la seriedad que merece.

El primer pilar: la voluntad política

El principal "combustible" del proceso de Disclosure gradual en curso es la clara voluntad política, expresada por el Congreso de los Estados Unidos de forma bipartidista, de arrojar luz sobre lo que ciertos componentes del aparato gubernamental estadounidense saben y hacen en relación con el fenómeno OVNI/UAP. No es poca cosa en un Congreso dividido en casi todo: en este tema, republicanos y demócratas se han encontrado varias veces del mismo lado.

Y lo que está en juego es enorme. Se trata de saber si, como afirman ya varios testigos cualificados, estos componentes del gobierno saben desde hace tiempo que los ET existen y están presentes en la Tierra, probablemente desde hace mucho tiempo; si han reconocido el enorme potencial militar de los objetos tecnológicos que parecen constituir las manifestaciones del fenómeno; y si desde hace muchas décadas llevan adelante programas secretos y no reconocidos de recuperación e ingeniería inversa de las naves que de alguna manera llegan a sus manos.

En este proceso de "arrojar luz", las sesiones informativas, en su mayoría a puerta cerrada, y las audiencias públicas desempeñan un papel importante. Basta recordar las celebradas en la Cámara de Representantes el 26 de julio de 2023, el 13 de noviembre de 2024 y el 9 de septiembre de 2025. Pero hay un elemento que hace que estas audiencias tengan verdadero impacto: las personas que testifican en ellas.

El segundo pilar: los whistleblowers

El papel más importante de todos, en efecto, lo desempeñan personas que se presentan por escrúpulo de conciencia para denunciar hechos que conocen y que son profundamente ilegales. La cuestión no es tanto, o no solo, que existan programas de recuperación e ingeniería inversa: es que estos programas se habrían llevado adelante durante décadas manteniendo intencionadamente a oscuras a los órganos constitucionalmente encargados de supervisarlos, empezando por el Congreso. En una democracia esto no es un detalle de procedimiento: es la negación misma del control democrático.

Son los llamados whistleblowers, una palabra que en italiano no tiene un verdadero equivalente, y que por eso los italianos usamos tal cual. El caso más conocido es el de David Grusch, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, que testificó bajo juramento ante el Congreso. Pero desde luego no es el único: en The UAP Whistleblowers' Hall of Fame, que mantengo en mi sitio web, encontrarán varios más, entre ellos Luis Elizondo, Jeffrey Nuccetelli y, el último en llegar, Dylan Borland.

Los whistleblowers UAP Dylan Borland, Jeffrey Nuccetelli, Matthew Brown, Jake Barber, David Grusch y Luis Elizondo

Los seis whistleblowers presentes hasta ahora en The UAP Whistleblowers' Hall of Fame (haga clic en la imagen para visitarla)

Estas personas se presentan por puro escrúpulo de conciencia, y se encuentran invariablemente con graves problemas en su carrera, cuando no con amenazas a su seguridad personal. La historia de Dylan Borland es emblemática: ex especialista en inteligencia geoespacial de la Fuerza Aérea, contó al Congreso que durante más de una década sufrió represalias en el trabajo y manipulaciones de su habilitación de seguridad, hasta encontrarse desempleado y sin perspectivas.

Los motivos de estas intimidaciones y de estos obstáculos profesionales merecerían un artículo aparte, y me propongo escribirlo. Pero hay algo que debe decirse de inmediato, porque es fundamental: si alguien se toma la molestia de amenazarlos, quiere decir que tienen razón. Nadie malgasta energías en intimidar a quien cuenta patrañas. Las represalias son la señal inequívoca de que estas personas han tocado algo real y concreto, y probablemente también muy lucrativo, sobre todo para las empresas de defensa implicadas en estos programas.

Protegerlos, pero de verdad

Por eso, después de la voluntad política, los whistleblowers son el segundo pilar del proceso de Disclosure. Y precisamente por eso deben ser protegidos con medidas concretas, no con frases escritas en pedazos de papel.

Que quede claro: no pretendo con esto restar valor a la voluntad política, que no tiene otro modo de expresarse que a través de normas legales, es decir, palabras escritas en papel. En los últimos años se han escrito muchas de estas palabras, y algunas van en la dirección correcta: el pasado septiembre, por ejemplo, el Pentágono formalizó una exención que debería proteger de procesos penales y represalias profesionales a quienes se presenten para hablar con AARO o con la task force PURSUE. Pero las normas valen lo que vale su aplicación. Mientras quienes testifican sigan perdiendo su empleo, viéndose retirar la habilitación de seguridad o siendo desacreditados, la protección seguirá siendo papel mojado. Y mientras siga siéndolo, otros testigos potenciales, que sin duda existen, se lo pensarán dos veces antes de dar un paso adelante.

¿Y los gatekeepers?

Al otro lado de la barricada están quienes se oponen al Disclosure, y lo hacen por intereses específicos: el lucro de las grandes empresas contratistas de defensa, o la voluntad de encubrir acciones ilegales, si no directamente criminales. Son los que en el mundo anglosajón se llaman gatekeepers, los "guardianes de la puerta": quienes deciden quién puede saber y quién no, y que desde hace décadas mantienen la puerta bien cerrada, también para el Congreso.

Sobre ellos mi posición es tajante: solo merecen ser llamados a rendir cuentas de sus actos ante la justicia. Con una única excepción, que además considero un incentivo inteligente: la posibilidad de beneficiarse de una amnistía, pero solo para quienes se presenten de inmediato y cuenten todo lo que saben. Quien colabora abre la puerta; quien la sigue manteniendo cerrada asume las consecuencias.

Protección, no amnistía

Últimamente hay quien habla de "amnistía para los whistleblowers". La intención es sin duda buena, pero el concepto es equivocado, y vale la pena explicar por qué. La amnistía es una medida de gracia que extingue un delito: se concede a quien ha cometido un delito. Pedirla para los whistleblowers significa, aun sin quererlo, aceptar la idea de que quien denuncia es un culpable al que hay que perdonar.

Pero los whistleblowers no han cometido ningún delito: lo han denunciado. Informar a los órganos del Congreso legítimamente encargados de la supervisión sobre la existencia de programas mantenidos ilegalmente ocultos no es un delito, es un deber cívico. Y es exactamente lo que las normas de protección de los denunciantes deberían garantizar.

El riesgo es una inversión de los papeles: si se impusiera la idea de la amnistía para quien denuncia, quienes han mantenido al Congreso a oscuras durante décadas seguirían pasando por guardianes de la legalidad, mientras que quienes tuvieron el valor de hablar cargarían con el estigma de quien necesitó ser perdonado.

Los whistleblowers no necesitan perdón: necesitan protección. Protección frente a las represalias en el trabajo, frente a la retirada arbitraria de su habilitación de seguridad, frente a las campañas de descrédito y, cuando sea necesario, también protección física. Y merecen el reconocimiento público del servicio que prestan a su país y, en el fondo, a toda la humanidad.

En resumen, no hay que confundir ambas cosas: la protección es para quien denuncia los delitos; la amnistía, en todo caso, para quien los ha cometido y decide confesarlos.

En conclusión

El proceso de Disclosure se apoya en dos piernas: la voluntad política y el valor de los whistleblowers. La primera necesita de la segunda para saber dónde mirar; la segunda necesita de la primera para ser protegida. Si una de las dos piernas cede, el proceso se detiene. Y quien quiere detenerlo lo sabe muy bien.

Por eso, mi mensaje puede resumirse en una sola frase:

Protección para los whistleblowers, tribunales para los gatekeepers.
Protection for whistleblowers, prosecution for gatekeepers.

Este es el sentido de la Campaña ProPro.

El escudo de la campaña Protect UAP Whistleblowers

Paolo Guizzardi

Descargue el escudo de la Campaña ProPro

Quien desee apoyar la campaña puede descargar libremente el escudo y usarlo, por ejemplo, como imagen en las redes sociales, en los formatos siguientes:

El escudo fue creado por Paolo Guizzardi y se publica bajo licencia Creative Commons BY-NC-ND: se puede compartir libremente citando al autor, pero no con fines comerciales y sin modificarlo.

Versiones: 04/10/2026

Fuentes